La insurrección de los Chalecos Amarillos reveló el papel central del Estado en asegurar la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, un papel que también es frágil, sostenido solo por la creciente militarización contra aquellos que el capital descarta cada vez más.»
Después de más de un año de acciones y manifestaciones, uno se pregunta por qué los Chalecos Amarillos se vieron tan afectados por la represión policial y esto, en general, fue tomado con indiferencia, hasta el punto de llegar a una trivialización de la represión, cuyo nivel de intensidad cuestionan todos los «observadores», ya que ha sido desproporcionado, sobre un levantamiento desprovisto de material ofensivo e incluso defensivo, y que solo buscó impulsar sus demandas sociales y políticas
Los Chalecos Amarillos, sin embargo, no dejaron de considerar, justamente, que tenían derecho a encontrarse, hablar y luchar por un mundo más justo y fraterno (no exigieron ni la luna ni la revolución, al menos inicialmente). Sin embargo, permanecieron incomprendidos, rechazados, despreciados, incluso negados, por un sector entero de la población, en particular por la izquierda, supuestamente sensible a las cuestiones sociales, porque plantearon sus reclamos de una manera nueva y original.
Por lo tanto, surge la cuestión de comprender los motivos de tal rechazo, más allá del supuesto peligro populista transmitido por los medios de comunicación y por las redes de la izquierda militante.
Podemos estimar que la cumbre del movimiento de los Chalecos Amarillos se alcanzó durante los actos III y IV que golpearon los espíritus de muchos por el nivel de violencia callejera. Es principalmente esta violencia, también a veces presente en las rotondas o peajes como en Narbona, lo que ha concentrado la atención política y mediática, interesada en repetir las escenas de violencia, casi siempre presentada como proveniente de los manifestantes. También ha sacudido el modelo tradicional de manifestaciones ritualizadas, institucionalizadas y controladas por los sindicatos, transformando a esos restos de la lucha de clases en luchas sin objetivos subversivos. En una calle que se ha convertido en un espacio saneado y pacificado (zonas peatonales, cámaras, y ahora la delimitación de zonas prohibidas para manifestaciones), todo lo que perturba este hermoso arreglo se convierte en desorden para el orden público.
Cuando las autoridades intentan controlar el más mínimo enjambre de vidas y satisfacer lo que sigue siendo el consumo de productos básicos, las protestas sindicales se despliegan como «fuerza silenciosa», en un tiempo y lugar planeados de antemano y la lucha se reduce a la fuerza de los números y, por lo tanto, a una competencia de comunicación alrededor de las figuras, que se vuelve grotesca cuando se leen las diferencias cuantitativas que varían de 1 a 10, como sucedió el 16 de enero de 2020, en las cifras en París y Marsella.
La denegación de formas legales de protesta y represión estatal
Con los Chalecos Amarillos, aparece otro tipo de fuerza en acción porque el movimiento lleva en alto y en todas partes el impulso constante de manifestar su negativa a continuar sufriendo condiciones de vida degradadas, que a menudo se pasan por alto. Al rechazar, desde el principio, la trampa mortal de los recorridos autorizados por el gobierno, y al ocupar y hacerse visibles en los lugares simbólicos del poder y del orden, como los Campos Elíseos en París, produjeron una conciencia inmediata de lo que era necesario ser escuchado: una oleada de insubordinación con respecto al Estado, respaldada por agravios sociales urgentes. Fue esta actitud la que generó la confrontación sistemática con la policía durante las manifestaciones, cuando las ocupaciones hicieron posible que surgiera una comunidad de lucha activa.
En ambos casos, se ha creado algo nuevo en el desvío [détournement] de lugares específicos de funciones: lugares donde se concentra el poder, el trasfondo histórico de las luchas de clases (Courbet, la Comuna y el plan para destruir la columna Vendôme son redescubiertos de repente); y las rotondas, lugares completamente ajenos a la historia de las luchas de clases, ya que son de fecha reciente, pero muy vinculadas a la historia del diseño capitalista del territorio.
Esta cuestión de los espacios es importante porque, en la sociedad capitalizada, la fábrica e incluso la empresa ya no son los lugares centrales de la lucha, después de la reestructuración de las grandes empresas que han generado despidos masivos de trabajadores. Los lugares decisivos hoy, pero no exclusivos, son aquellos que están en el centro de la reproducción de las relaciones sociales (hospitales, escuelas, transportes, plataformas, entradas a hipermercados, nodos de carreteras, arterias comerciales en los hipercentros de las ciudades), donde la lucha es directa y confronta al Estado.
Pero el Estado, si otorga el derecho a circular en las calles, lo hace en sus propios términos. De modo que si una manifestación circula a su manera se convierte en un desorden de tráfico y, en última instancia, un bloqueo al libre consumo que requiere cámaras y la presencia de policías y vigilantes.
Los comerciantes en los hipercentros lo han dado a conocer a las autoridades, pero también a sus clientes, con pequeños carteles que denuncian el obstáculo al comercio representado por las manifestaciones semanales, especialmente durante las vacaciones.
Desde mediados de diciembre de 2018, todo cristalizó en torno a una estrategia estatal destinada a hacer gradualmente imposible que los Chalecos Amarillos se manifestaran. En efecto, las tácticas policiales intervencionistas pusieron en peligro constantemente la posibilidad misma de la manifestación, lo que llevó a los manifestantes a no aceptar ningún tipo de compromiso con las autoridades, con el objetivo de encontrar rutas completamente espontáneas, lo que desorientó en gran medida a la policía. A partir de entonces, el objetivo del poder fue aniquilar esta capacidad de iniciativa colectiva («inteligencia colectiva», dicen los Chalecos Amarillos), y esto, sin ningún posible retroceso, porque en lugar de negociación, el gobierno eligió el camino de terror. Además, los obstáculos y dificultades encontrados en la lucha diaria, de lo que aún no era una revuelta generalizada sino más bien la expresión de exasperación frente a medidas particulares experimentadas como provocaciones, produjeron un cuestionamiento del poder en la forma que tomó bajo Macron. Para los Chalecos Amarillos se trató de una cuestión de los derechos más elementales: manifestarse, reunirse, circular. De repente, fue como si se hubieran apoderado de las teorías del joven Marx sobre la crítica a las libertades formales en la democracia burguesa. Pero hemos visto que muy pocos lo entendieron así y algunos incluso llegaron a suponer que detrás de los Chalecos Amarillos estaba la acción de una mano invisible que buscaba suprimir todas las libertades.
Los Chalecos Amarillos, en el transcurso de su lucha, han recorrido toda la historia de la democracia al cubrir en un tiempo récord la distancia que separa la concepción burguesa de la misma: «la dictadura significa callarse, la democracia significa siempre hablar». Para la concepción capitalista «la democracia es trabajar, consumir y callarse». En las teorías del Estado de derecho, las manifestaciones o reuniones de grupo no tienen que estar sujetas a autorización previa, lo que, de hecho, limita las condiciones para el ejercicio de una libertad fundamental. Sin embargo, la ley francesa requiere una solicitud de autorización a las autoridades, que luego se reservan toda la libertad para interpretar el peligro de la marcha. Por lo tanto, entendemos que en las manifestaciones que son más políticas que estrictamente sociales, el peligro es evaluado por aquellos en el poder, ya sea con precaución o de manera autoritaria. Al final, no importa. Así, los poderes de prohibición administrativa preventiva de las manifestaciones, conferidos a los representantes directos del Estado que son los prefectos de la policía, revelan claramente su papel represivo, privando pura y simplemente a miles de personas de su derecho a manifestarse. Es por eso que una lucha que obstaculiza el poder debe ser empujada hacia la ilegalidad, incluso criminalizada desde el momento en que no se rinde, mediante la interpretación que el poder tiene de la ley. Por su parte, el gobierno debe tratar de convencer a la sociedad de la ilegitimidad de la acción de los protagonistas que lo enfrentan, y recordar a todos su propia legitimidad para ejercer la violencia, sobre la cual tiene el monopolio.
Como Macron argumentó: «En un estado de derecho no podemos hablar de violencia policial». Lo que implica, como mínimo, momentos excepcionales de exceso policial.
Para imponer su «verdad», el poder político tiene medios de comunicación y utiliza esos medios para ganar la batalla ante la opinión pública. A esto es a lo que se aferró la autoridad de Macron, con la ayuda de la cobertura continua de los medios de comunicación que, como BFM-TV, ciertamente proporcionaron una caja de resonancia inicial para el movimiento, pero que al final sirvieron para «aplastarlo». Al clasificar la información y las imágenes de tal manera que reprodujeran ese «aura» de violencia que se adosó a los Chalecos Amarillos y a quienes se unieron a ellos, reforzaron el discurso del poder que, de otro modo, habría permanecido abstracto y puramente ideológico.
Desde el 1 de diciembre de 2018, y especialmente desde el día 8 de ese mes, fuimos apabullados por un estallido de los televisores (principalmente por parte de canales de noticias continuos) en torno al deterioro de los muebles urbanos o la lluvia de proyectiles arrojados a los bancos, escaparates, o la policía por parte de fuerzas de «chusmas violentas», que hicieron resurgir la memoria de la década de 1970. La mayoría de las veces se impidió que la marcha de protesta avanzara y ésta se vio obligada a seguir los caminos trazados por la policía o a dispersarse bajo los gases lacrimógenos y otras formas de represión policial, como el uso de armas de guerra experimentadas de antemano en «barrios pobres», como las pistolas de bala de «defensa» (LBD40) o las granadas de dispersión (GLIF4), y una diversidad de violencia contra periodistas y manifestantes que se atrevían a filmar a la policía.
El 1 de diciembre de 2018, la estrategia de la ley y el orden francesa, basada en el contacto cero y el distanciamiento de los manifestantes, se derrumbó porque asumió la fijación de “líneas rojas” de defensa que no debían cruzarse (los lugares de poder), pero con el riesgo de la ocupación y violencia en barrios cercanos al evento, abandonados por la estrategia de defensa de lugares simbólicos elegidos por la policía (la “zona roja”, como se dijo en Italia en el momento del G8 en Génova en 2001). Esto es lo que sucedió en el distrito de Étoile de París, e incluso la «toma» temporal del Arco del Triunfo por parte de los manifestantes. La inmovilidad de la policía comenzó a rectificarse a partir del 8 de diciembre y especialmente a principios de enero, con varias regulaciones preventivas, como medidas administrativas para prohibir manifestaciones, el bloqueo de autobuses en autopistas, la vigilancia de llegadas en trenes, el registro de maletas y la confiscación de equipos de primeros auxilios de Street Medics. Al mismo tiempo, no se podían apelar las condenas penales (varios miles de condenas), algo que demuestra todas las dificultades de un régimen tan débil que se reduce a pensar solo en términos de estado de emergencia. Al criminalizar las luchas sociales a través de la extensión de las leyes de seguridad antiterroristas, Macron revivió, más de un siglo después, las viejas “lois scélérates”.
Cuestionando al Estado como autoridad legítima
Con lo que chocaron los Chalecos Amarillos fue con el Estado y con quienes lo hacen existir. Y, de hecho, fue la «estructura del Estado» la que les recordó con tanta fuerza lo que enfrentaron. De repente, el Estado ya no era el garante de un contrato en el que los individuos entregaban la libertad absoluta al aceptar deberes y obligaciones a cambio de derechos. Mediante estas medidas, consideradas por la mayoría como injustas (IVA, aumento de combustibles, aumento de la CSG [un impuesto de seguridad social]), el Estado apareció como una institución externa que ejerce una fuerza brutal.
De hecho, por su amplitud y el vigor de la insubordinación, este movimiento desafió directamente al gobierno en su legitimidad para llevar a cabo una política que beneficie a la mayoría y, por lo tanto, en el idioma de los Chalecos Amarillos, la gente. Y es este «juicio de ilegitimidad» que comenzó a aparecer con listas de quejas [Cahiers de doléances] representada por las 48 «demandas originales» y de las cuales surgirán un cierto número de referencias revolucionarias, como la del artículo 35 de la Constitución de 1793 sobre el derecho a la insurrección, un derecho que nunca se aplicó de hecho.
La atmósfera de víctima que prevalece hoy en la sociedad capitalizada es un arma de doble filo; conduce al lamento recurrente, pero sobre la base del individuo atomizado que sufre. Sin embargo, el manifestante no cae realmente en esta categoría, ya que está incluido en el colectivo de un grupo potencialmente violento en fusión, como afirmó uno de los Ministros del gobierno. Por lo tanto, no puede ser una víctima, excepto en el caso de excesos flagrantes. Debe asumir su situación y su compromiso. Pero con el movimiento acosado por los poderes políticos y mediáticos, aparece una razón adicional para que la «buena gente» silencie a los «nadies». ¿En qué estaban tratando de involucrarse estos «nadies»?
Los Chalecos Amarillos han llevado a cabo con valentía y determinación sus actos de insubordinación, incluidos los considerados como los más violentos por las autoridades, los medios de comunicación y ciertos elementos de la «opinión pública», incluso si, obviamente, no fueron ellos quienes impulsaron el nivel de violencia, sino más bien el aparato del Estado. La justicia y la legitimidad de su levantamiento no fue problemática a sus ojos. La inmediatez de cada iniciativa tomada en la lucha contenía su propia legitimidad, tanto potencialmente como en el acto. Pero esto estaba fuera de sintonía con el discurso fundador de la naturaleza pacífica del movimiento. La desproporción entre la violencia real de los Chalecos Amarillos y la violencia estatal ya no fue planteada desde de finales de diciembre de 2018.
La ilegitimidad de la lucha de los Chalecos Amarillos
No es que el Estado no pueda organizar manifestaciones y acciones, sino que prefiere elegir aquellas acotadas, como las manifestaciones climáticas o las manifestaciones sindicales tradicionales. Pero incluso esto le parece insoportable desde el momento en que aumenta la tensión y puede pensar que no es completamente reductible a su manejo. En este caso, el Estado elige lo que parece ser la solución más simple y rápida: la política represiva, como pudo verse el 1 de mayo de 2019 en París. En nuestros días, es la legislación laboral la que está siendo atacada, e incluso el “1 de mayo” como día del trabajador parece ser un “exceso”. Desde los círculos de poder se difunde que la huelga en sí misma es ilegítima. Hay una inversión de los principios originales del derecho, en los cuales la legitimidad hizo la ley.
En adelante, el Estado puede declarar ilegal lo que decreta ilegítimo jugando con la ley mediante medidas administrativas. Esto es lo que ha hecho recientemente con prohibiciones administrativas de las manifestaciones.
Ahí radica una paradoja: en un momento en el que la sociedad capitalizada multiplica los derechos de todo tipo, creando así todo tipo de legitimidades, como particularidades explotadas e inofensivas para su poder y el del capital, el Estado tiende a reducir, si no suprimir, los derechos fundamentales, particularmente los de resistencia y revuelta, porque atacan y amenazan indirectamente o directamente a estos mismos poderes y al capital.
La determinación de los Chalecos Amarillos provocó el desbordamiento del marco legal. Por un lado, la composición sociológica del movimiento: una fracción de la población con antecedentes económicos modestos residente en las afueras de las ciudades o en el campo, poco acostumbrada a manifestarse en los espacios de la riqueza ostentosa, lo llevó a no respetar las reglas de la ocupación del espacio, la circulación y la manifestación, las que no necesariamente conocía, y que rápidamente les parecieron arbitrarias cuando las conoció de frente. El choque fue aún más brutal ya que su falta de experiencia política no lo llevó a limitarse (mediante la declaración previa de manifestaciones y previsión de las trayectorias de las marchas, por ejemplo), algo que sorprendió al poder porque no estaba acostumbrado a administrar y detener acciones masivas espontáneas que de alguna manera fueran ilegales sin saberlo. Esta misma composición sociológica de «una clase que no es una» de los Chalecos Amarillos los hizo indefinibles e indiscernibles. Al principio, esto impulsó a Macron y al gobierno a aterrorizar y castigar. Primero, el palo; la zanahoria del «gran debate» aún no estaba en las cartas.
Esta descalificación del movimiento por parte de las autoridades fue redoblada por la de los estratos sociales superiores, ejecutivos de empresas, intelectuales, medios de comunicación y castas artísticas, que por un lado están en puestos de mando y responsabilidad en la sociedad, y por otro (docentes y funcionarios de nivel medio) siguen muy apegados a las instituciones, al Estado y a la forma que tradicionalmente adoptan las movilizaciones y, en consecuencia, a los marcos legales que regulan el derecho a manifestarse. Entonces, las demostraciones de los Chalecos Amarillos se consideraron rápidamente ilegítimas, porque no respetaron las reglas del juego. La movilización «buena», la movilización «legítima» será aquella que juega el juego democrático en el que participan los representantes de la protesta social, que son las diversas y variadas organizaciones sindicales y grupos militantes. Incluso si no tienen el monopolio de las acciones y manifestaciones políticas, nos ofrecen el modelo más común, el de quienes respetan los avisos de huelga, los que conservan el trabajo, los que cuando dicen que una manifestación ha terminado, todos deben dispersarse, etcétera.
La idea de que uno puede «salir de la nada», sin etiquetas políticas o sin una patente de lealtad a una organización reconocida, y defender con garbo, con el apoyo de unos pocos grupos sociales oscuros, demandas altamente sociales de justicia y solidaridad, permaneció en gran medida ininteligible para el habitante promedio de las ciudades más o menos globalizadas y, en cualquier caso, «metropolitanas» que, indiferentes o desdeñosas al principio, rápidamente incrédulas y pronto asustadas, movilizaron todas sus habilidades geopolíticas para discernir en los Chalecos Amarillos la aparición de hordas fascistas. En este espíritu, la historia de los grandes hechos históricos sólo se puede apreciar en sus formas simbólicas, y las revoluciones sociales deben permanecer en los libros o, al menos, a una buena distancia de la calle.
El intento problemático de los sindicatos de tomar el asunto en sus propias manos
En el movimiento actual contra la reforma de las pensiones, los sindicatos demuestran su incapacidad para superar lo que sería una lucha de poder simulada, si no existiera la presión de los empleados y trabajadores ferroviarios parisinos RATP [Régie Autonome des Transports Parisiens] en todo el territorio. Sin embargo, en la base, lo que algunos llaman el «efecto de los Chalecos Amarillos» se refleja en la toma, por parte de varios manifestantes, de ciertas canciones y lemas de lucha que endurecen el tono de las protestas o durante acciones de bloqueo de almacenes o refinerías, unidos en pequeños grupos con los Chalecos Amarillos, en una solidaridad y fraternidad que casi nos haría olvidar la distancia mantenida entre ambos durante el año pasado.
Recordemos que el movimiento de los Chalecos Amarillos ha surgido como un espejo de la desaparición de los servicios públicos locales (escuelas, hospitales, trenes regionales) y el declive de las representaciones de mediaciones tradicionales (sindicatos, instituciones locales). En esta situación, su primer sentimiento no pudo haber sido defender los «logros» desaparecidos o nunca conocidos. De hecho, su reacción, incluso si se hizo con el motivo de medidas gubernamentales específicas que eran desfavorables para ellos, puso en tela de juicio la totalidad de sus condiciones de vida y su pasividad anterior. Es como si, de repente, «el sistema» (en los inicios del movimiento aún no descrito por ellos como «capitalista») se les mostrara incapaz de reproducir sus relaciones sociales y que tenían que cuidarse ellos mismos, de una forma u otra.
Al final, esta lucha fue una verdadera «revelación» de la crisis de reproducción de las relaciones sociales capitalistas, con algunos efectos catalizadores.
Así, en el movimiento actual, más centrado en las pensiones, se mantiene una presencia continua de los Chalecos Amarillos en las manifestaciones sindicales, ciertamente es una minoría en comparación con las fuerzas involucradas el año pasado, y aunque es esa parte del movimiento la que acepta a los grupos políticos (tipo LFI , NPA), demuestra su vigencia a aquellos que dudan de la incapacidad de las fuerzas sindicales para promover nuevas formas de acción sobre el terreno y, sobre todo, acciones disruptivas. Los Chalecos Amarillos, negados y despreciados ayer cuando representaban un posible empoderamiento de formas diferentes de lucha en comparación con las estrategias sindicales de colaboración de clases, hoy están invitados por estos mismos sindicatos a aplicar una presión conjunta, no para cambiar y ganar algo, sino para no perder algo.
En las asambleas generales de las luchas conjuntas, por ejemplo, que cada vez más dan paso a las personas que se consideran en la lucha, sin importar de donde provengan, los Chalecos Amarillos, sindicalistas o no, pueden intervenir sin ningún problema, siempre que lo hagan sobre la base del contenido limitado del movimiento de pensiones. El «aura» que los Chalecos Amarillos adquirieron el año pasado, por lo tanto, no aparece con la idea de una puesta en cuestión más general, que sin embargo podría permitir la extensión del movimiento a segmentos de la población que no sienten directamente interesados (estudiantes de secundaria, estudiantes, desempleados, trabajadores uberizados). Sin embargo, el aura del movimiento se extiende en las manifestaciones, a veces creando tensiones al interior de las marchas de protesta.
Lo que queda, en bruto, es que a pesar de la reducción del movimiento de los Chalecos Amarillos y la discontinuidad que hemos podido observar a partir de este verano, los Chalecos Amarillos que se mantienen todavía hoy, en número y en vigor, a la cabeza de las marchas de protesta, mezclados con quien lo desee, y dan testimonio de una fuerza que, en cierto modo, los convierte en la medida de la insubordinación frente al Estado. Han permitido concentrar en un solo movimiento todas las revueltas de la ZAD, el movimiento de la ocupación de las plazas y la lucha contra la propuesta de la ley El Khomri. Esperemos que toda la obstinación por luchar y no ceder que ha estado surgiendo durante años y continúa hoy, se base en esta nueva realidad como un paso en la lucha contra el capital. Ciertamente requerirá de un salto adelante en el nivel de determinación y de lucha, pero primero requiere tomar medidas secundarias en relación con lo que esperan las autoridades. Y dado que los funcionarios públicos y similares están muy presentes en esta lucha, aunque sean los principales agentes de la reproducción social, el objetivo ahora -además de la huelga- podría ser dejar de «funcionar» aprovechando todas las oportunidades disponibles.
Temps critiques , 19/01/2020 Versión reducida, en castellano, para Comunizar, por Catrina Jaramillo. El texto completo puede leerse en el original francés aquí, y en inglés aquí.
